Iniciativa del Gobierno fue presentada por el Presidente de la República junto a ministros y subsecretarios.
La seremi de Gobierno, Valentina Pradenas, y su par de Educación, César Riquelme, destacaron el ingreso del proyecto de ley que busca reparar la denominada deuda histórica que afecta a miles de profesores. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, considera un aporte único de $4,5 millones para cada profesora y profesor afectado vivo, entregado en dos cuotas, priorizando a las personas de mayor edad. Este proceso comenzaría en octubre de 2025 hasta enero de 2031.
La propuesta beneficiará a 57.560 docentes identificados como afectados a nivel nacional, con mecanismos de transmisibilidad en caso de fallecimiento durante el proceso. Sin embargo, el proyecto excluye a quienes ya hayan recibido pagos previos por esta causa o mantengan reclamaciones vigentes.
En este sentido, la vocera Valentina Pradenas, señaló la relevancia de este avance. “Como Gobierno del Presidente Gabriel Boric, estamos ante una medida concreta y responsable que responde a una demanda histórica de las y los profesores. Este es un acto de reparación que reconoce el impacto de esta deuda en la vida de miles de docentes que han dedicado su vida a educar a nuestras generaciones”.
Por su parte, el seremi de Educación, César Riquelme, destacó el trabajo conjunto detrás del proyecto, afirmando que “este es el resultado de un proceso participativo, que incluyó la colaboración con el Colegio de Profesores y una consulta en la que más del 82% de los afectados aprobó la propuesta. Este Gobierno cumple con escuchar y actuar, entregando una solución definitiva y justa.»
La construcción del proyecto de ley consideró antecedentes relevantes, como informes de comisiones parlamentarias, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los profesores de Chañaral y datos proporcionados por el Ministerio de Educación. Desde abril de 2022, una mesa de trabajo con el Colegio de Profesores permitió actualizar la base de datos de docentes traspasados a la educación municipal, garantizando una implementación adecuada.
La «deuda histórica» a las y los profesores de Chile se originó en 1981, durante la dictadura, con la municipalización de la educación pública. Este proceso implicó la transferencia de docentes desde el Ministerio de Educación a las municipalidades, dejando a muchos sin el aumento salarial y beneficios establecidos en el artículo 40 del Estatuto Docente. Esto generó desigualdades laborales y salariales que no se resolvieron tras el regreso a la democracia, manteniendo una sensación de injusticia en el gremio. A pesar de intentos por reparar esta situación, aún no se ha dado una solución definitiva, por lo que este proyecto de ley es una esperanza para las y los educadores. en el espacio para generar la firma y selecciona “pegar”.
Maritza Sepúlveda Villouta
