El modus operandi de los criminales, se centraba en un negocio ilícito de ingreso y venta de elementos prohibidos al interior de diversos recintos penales del país. Actuar que era coordinado por particulares, varios de ellos extranjeros.
“Operación Apocalipsis”. Así se denominó al megaoperativo que la fiscalía Occidente junto con la PDI realizaron para desarticular una red de corrupción al interior de Santiago 1.
En total, se realizaron procedimientos simultáneos en siete regiones, que incluyó a 500 efectivos policiales y que terminaron con 66 personas detenidas, de las cuales 44 eran gendarmes.
Según información de la Fiscalía, los funcionarios aprehendidos prestaban funciones principalmente en el penal Santiago 1 y en el CPF de San Joaquín.
El modus operandi de los criminales, se centraba en un negocio ilícito de ingreso y venta de elementos prohibidos al interior de diversos recintos penales del país. Actuar que era coordinado por particulares, varios de ellos extranjeros.
Si bien la mayor parte de las detenciones se efectuaron en la Región Metropolitana, el operativo también incluyó actuaciones en las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos.
La investigación en esta causa se inició en mayo de 2025 y fue encabezada por el Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, en conjunto con un equipo conformado especialmente para investigar estos hechos que integran dos Fiscales Adjuntos, un abogado asesor y dos analistas. En concreto, se logró acreditar la existencia de diversas agrupaciones criminales vinculadas a delitos de corrupción y crimen organizado cometidos al interior de recintos penitenciarios de la Región Metropolitana. Los hechos investigados abarcan el período 2022-2025.
Además de los presuntos delitos de corrupción y cohecho al interior de Gendarmería, el Ministerio Público logró establecer el acceso irregular de personas ajenas al establecimiento, simulando ser visitas debidamente enroladas, todo ello al margen de los requisitos reglamentarios y legales aplicables.
La indagatoria reveló la existencia de siete agrupaciones criminales que funcionaban afuera de recintos carcelarios, las que eran conocidas como “manillas”, de las cuales varias eran conformadas por extranjeros.
Dichas bandas de manilleros, coludidos con gendarmes, enviaban diversas especies al interior de los establecimientos, para lo cual pagan a los funcionarios, mediante la entrega de recursos directos o de especies, o a través de transferencias de dinero. Las cifras varían dependiendo del tipo de elemento prohibido que se ingresa y van desde los $ 10.000 a los $ 400.000.
Los gendarmes que participan de estas agrupaciones, en tanto, utilizan esos dineros para sí o para terceros, ocultando el origen ilícito de dichos recursos mediante la compra de vehículos e inmuebles. Junto con ello, utilizan a testaferros (parejas o familiares), para ocultar el origen de los dineros.
El operativo concluyó con la detención de 66 detenidos, de los cuales 44 son funcionarios de Gendarmería. Junto con ello, se incautaron 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas.
