La parlamentaria explicó que la iniciativa faculta a las policías a solicitar la ubicación de un dispositivo móvil sin la necesidad de una autorización judicial, tal como ocurre actualmente.
A raíz de la trágica desaparición de un joven en el Cerro Cordillera, en la comuna de Las Condes, quien fue visto por última vez el jueves de la semana pasada y cuya carpa y pertenencias fueron encontradas este lunes, la diputada por la Región de Ñuble, Marta Bravo (UDI), llamó al Congreso y al Gobierno a acelerar la tramitación de un proyecto de ley que presentó a mediados de 2022 -junto a un grupo de parlamentarios- para facultar a las policías a acceder a la georreferenciación de los dispositivos de quienes están extraviados, sin la necesidad de contar con una autorización judicial.
Al respecto, la parlamentaria recordó que ingresó dicha iniciativa a raíz del caso de Mauricio Rojas, un joven de Graneros cuyo cuerpo fue encontrado junto a su celular a los dos meses de haber desaparecido. En dicha ocasión, las compañías demoraron casi 20 días en entregar la geolocalización.
En ese sentido, si bien la actual Ley 21.500, que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea un sistema interconectado en el país, faculta al Ministerio Público a solicitar la última localización de celular de una persona que esté extraviada, requiere contar con la autorización de un juez de garantía, lo que muchas veces termina retrasando la diligencia por parte de la Fiscalía.
Por lo mismo, lo que propuso la diputada Bravo en su proyecto es que dicha información pueda ser solicitada directamente por las policías, sin la necesidad de solicitar una autorización judicial, obligando a las compañías telefónicas a entregar la georreferenciación en un máximo de cinco horas.
“Todos sabemos que las primeras horas en cualquier investigación son cruciales, más aún cuando se trata de la desaparición de una persona o una presunta desgracia. Sin embargo, la actual legislación que tenemos no está a la altura de los avances tecnológicos, porque desde hace mucho tiempo que la información que contienen los dispositivos móviles debería ser utilizada para estos efectos. Por eso es que presentamos este proyecto de ley hace más de dos años, porque considerando que la gran mayoría de los celulares va registrando y guardando la ubicación, no existe ninguna razón para que esa información tan valiosa no sea utilizada de forma rápida y oportuna”, comentó la legisladora.
En cuanto a los detalles de la propuesta, la representante del Ñuble explicó que tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones podrán requerir a las empresas telefónicas los datos relacionados con la georreferenciación de un dispositivo móvil, en un plazo máximo de 24 horas desde que se reciba una denuncia por presunta desgracia. Luego de aquello, las compañías tendrán la obligación de entregar la información a las policías en no más de cinco horas desde que ingresaron la solicitud.
“No podemos seguir desaprovechando información tan valiosa como es la georreferenciación de las personas que están desaparecidas. Aquí se requiere acelerar todos los procesos investigativos y eliminar los espacios de burocracia, sobre todo durante las primeras horas”, reiteró la parlamentaria.
Cristián Rodríguez Fuentes
