Los representantes de Ñuble votaron a favor de establecer que los aspirantes a cualquier cargo de elección popular deberán presentar una declaración jurada y un test que acredite no tener ninguna dependencia con sustancias ilícitas, cuyo resultado deberá ser público.
A raíz de la grave crisis de seguridad que está atravesando el país y los intentos del crimen organizado por penetrar las distintas instituciones públicas, tal como ha ocurrido en otros países del continente, los diputados de la Bancada UDI que representan a la Región de Ñuble, Marta Bravo y Cristóbal Martínez, respaldaron durante esta jornada un importante proyecto de ley que no sólo busca obligar a todos los candidatos a algún cargo de elección popular a someterse a un examen de drogas de manera anual, sino que además presentar un resultado negativo al momento de asumir el cargo.
Al respecto, los legisladores explicaron que la propuesta legal incluye a los aspirantes a Presidente, senador, diputado, alcalde y concejal, así como los gobernadores y consejeros regionales, quienes no podrán ser candidatos si presentan alguna “dependencia a sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”, a menos que su eventual consumo sea justificado por un tratamiento médico.
En ese sentido, Bravo y Martínez precisaron que para que el Servicio Electoral (Servel) pueda admitir sus candidaturas, no sólo deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren no tener dependencias con algún tipo de sustancia ilícita, sino que además incluir un examen que sea de pelo.
En tanto, para el caso de los parlamentarios, el proyecto de ley establece que el examen -cuyo resultado será público- “deberá realizarse a lo menos una vez al año durante el ejercicio del cargo”.
“En medio de la grave situación que estamos viviendo en nuestro país, con el mundo del narcotráfico presente en prácticamente todo el territorio nacional y el crimen organizado tratando de permear la administración del Estado, lo mínimo es que todas las autoridades públicas demuestran que no tienen ningún tipo de dependencia con las drogas. Esto debe ser desde el Presidente hasta el último funcionario público, porque quienes tienen a su cargo decisiones tan relevantes en materia de seguridad o prevención del delito, o que incluso manejan recursos relacionados con este asunto, no pueden tener ningún tipo de vínculo con el mundo de las drogas”, señalaron los representantes de Ñuble, quienes agregaron que la medida “es un mínimo gesto de probidad ante toda la ciudadanía”.
En cuanto a los otros detalles de la iniciativa, que ahora deberá ser aprobada por el Senado para convertirse en ley, ambos diputados explicaron que tampoco podrán asumir el cargo los ministros, subsecretarios, jefes de servicios y directores de la administración pública, así como los delegados presidenciales regionales y provinciales que sean consumidores, quienes para descartar cualquier tipo de dependencia también deberán presentar una declaración jurada y un test de droga negativo.
“En las últimas semanas, lamentablemente, hemos visto cómo el crimen organizado ya ha logrado corromper a algunos funcionarios de la administración pública, que es el primer paso para llegar a un punto de no retorno. Por eso es importante avanzar en proyectos como este, que a pesar de que algunos lo consideren irrelevante, sí son señales muy importantes respecto a la lucha y el combate que nuestro país está dando contra la delincuencia y el narcotráfico”, reiteraron Bravo y Martínez.
