Los legisladores destacaron que el principio de “proporcionalidad” fuera reemplazado por el de “racionalidad”y que se prohibiera suspender a los efectivos que están siendo investigados.
En medio de las múltiples conmemoraciones por el aniversario 98° de Carabineros de Chile, los diputados UDI por Ñuble, Marta Bravo y Cristóbal Martínez, anunciaron su respaldo al proyecto de ley que regula las normas generales sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), como una manera de dar mayores garantías y certezas a todos los funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas cuando tengan que actuar en su labor de mantener el orden público o la seguridad interior del país.
Al respecto, ambos parlamentarios valoraron la mayoría de los aspectos aprobados la semana pasada por el Senado, entre ellos que se haya reemplazado el principio de “proporcionalidad” por el de “racionalidad”, lo que permitirá al personal policial y militar emplear la fuerza de acuerdo al contexto que exista y no según el grado de ataque o agresión que reciban, como ocurre hoy en día.
Pero además, los representantes del Distrito 19 destacaron que se haya rechazado una indicación que promovió el Gobierno para exigir un uso de la fuerza diferenciado para ciertos grupos de la población, como los migrantes, pueblos originarios o las diversidades sexuales, entre otros, lo que a su juicio podía atentar contra el principio de igualdad ante la ley e inhibir el accionar de las policías.
Por lo mismo, tras la aprobación del Senado, Bravo y Martínez avisaron que respaldarán el proyecto durante la segunda semana de mayo, cuando tenga que ser votado en la Cámara Baja, manifestando que “en medio de la grave crisis de seguridad que estamos viviendo en nuestro país, los funcionarios policiales y militares requieren sentirse respaldados, tanto política como legalmente, para que así puedan actuar de forma segura y no sientan el temor a ser juzgados y perseguidos por su accionar”.
“Nuestro país está atravesando por una de las crisis de seguridad más graves de toda su historia y nuestra obligación es dar la mayor cantidad de certezas y garantías al personal policial y militar, que a diario debe enfrentarse con la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico que busca apoderarse de todo nuestro territorio. Por eso la aprobación en el Senado es un paso muy importante, porque los funcionarios necesitan sentirse respaldados desde un punto de vista político y legal, para que así puedan actuar de manera segura en defensa de los chilenos”, señalaron ambos legisladores, resaltando que el reemplazo de la proporcionalidad por la racionalidad “evitará que ciertos tribunales terminen persiguiendo injustificadamente a los funcionarios por hacer su trabajo”.
En esa línea, si bien los parlamentarios por la Región de Ñuble lamentaron que en la Cámara Alta no se haya alcanzado el quórum para que este tipo de causas fueran vistas por un tribunal especializado, como la justicia militar, destacaron que sí se autorizara el uso de la fuerza letal para evitar daños graves e inminentes en los lugares considerados como “infraestructura crítica”, como los hospitales, las cárceles o las instalaciones eléctricas, entre otros, así como también que se prohíba suspender de sus funciones a los efectivos que estén siendo sumariados mientras la investigación no concluya.
“Tal como en su oportunidad ocurrió con la Ley ‘Nain-Retamal’, este proyecto se convertirá en un segundo chaleco antibalas para los funcionarios policiales y militares, porque van a sentir el respaldo de todo el país cuando tengan que enfrentar actos de violencia o de delincuencia”, manifestaron.
Cristián Rodríguez Fuentes
