El subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó este martes el proceso de regularización acotada que está estudiando el Ejecutivo para los migrantes que se sometieron al proceso de empadronamiento biométrico. “Lo que el Ejecutivo ha comenzado a estudiar es, y por eso he hablado de regularización aplicada, para el grupo de personas que hasta febrero del año 2024, voluntariamente accedieron empadronamiento biométrico», indicó. Por lo tato, indicó Cordero, «tenemos sus
antecedentes, sus huellas, sus rostros, todos sus datos, lo que nos permite tener un control efectivo”. En esa línea, explicó que de las 182 mil personas empadronadas, “hay un número aproximado de 119 personas que no se regularizaron y están fuera. Por lo tanto, están sujetas al régimen migratorio de infracción y expulsión”.
El subsecretario observó que, “Es conveniente hacer esa distinción porque el Ejecutivo ha señalado que hay dos motivos que están detrás de esto. Una son las personas, que los chilenos sepan quiénes son sus vecinos, cuáles son
sus ancestros. Y lo segundo son los impactos macroeconómicos”, justificó.
Dicho eso, el el personero de Gobierno respondió tajantemente a las críticas que han surgido desde el mundo político, apuntando a que el gobierno está haciendo un
“perdonazo” a los migrantes irregulares. «En otros términos hay razones de seguridad interna. Esto ni es perdonazo, ni es buenismo”, enfatizó Cordero.
La polémica se había instalado el 3 de noviembre, antes de asumir como alcalde de Santiago. Ese día, el RN Mario Desbordes, cuestionó las tareas de la Subdirección de Igualdad de Género creada por su antecesora, la comunista Irací Hassler. “Vamos a terminar con gasto enorme de la oficina de la Igualdad, Hay 100 personas haciendo estudios de género, mientras que, en paralelo, no hay plata para hacer mamografías, por lo tanto, eso se termina”, dijo ese día. Por ello, la jornada del lunes se reveló que se habían producido al menos 37 despidos en la mentada Subdirección de Igualdad de Género de Santiago. Frente l situación, La preocupación de algunos exfuncionarios se fijó en el futuro de programas como la Casa Igualdad, mientras que desde la administración Desbordes insistieron que la
desvinculaciones responde a una reestructuración hacia Hasta hace un mes, la subdirección estaba compuesta por 103 personas. De estas, 43 correspondían a
programas financiados con fondos externos del Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Social. Estos funcionarios habían trabajado en el sector desde gestiones anteriores, incluyendo las de los exalcaldes Felipe Alessandri y Carolina Tohá.
Agencia Orbe
