Un subsidio puede abrir la puerta al empleo formal, pero no siempre logra mantenerla abierta. La reciente aprobación del proyecto de ley de Subsidio Unificado al Empleo (SUE) en el Congreso Nacional, es un paso relevante en la modernización de la política laboral chilena: ordena instrumentos existentes, simplifica el acceso y focaliza los recursos en grupos con mayores barreras. Pero su impacto dependerá de su capacidad efectiva para abordar los determinantes estructurales del problema que busca resolver.
Con apoyo del Centro de Políticas Públicas UC, en 2024 desarrollamos el estudio “Subsidios de formalización laboral femenina: una propuesta de rediseño”, que identificó limitaciones importantes en el diseño vigente del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y del Subsidio al Empleo Joven (SEJ) como la superposición de objetivos, barreras administrativas innecesarias y una concentración del beneficio en grandes empresas, pese a su foco en trayectorias laborales vulnerables.
El nuevo subsidio recoge varias de las recomendaciones formuladas en dicha investigación. Unifica los subsidios, simplifica el acceso y ajusta los montos al Ingreso Mínimo Mensual, corrigiendo fallas relevantes del diseño previo. La reducción su duración se alinea con la evidencia sobre su impacto limitado en la estabilidad laboral, mientras que la inclusión de personas mayores y personas con discapacidad amplía el foco hacia una política pública más inclusiva para con los grupos que más apoyo requieren en materia de empleabilidad formal y trabajo decente.
No obstante, este subsidio mantiene nudos críticos que ya habían sido advertidos en nuestra propuesta. El diseño sigue centrado en incentivos a la contratación, sin abordar el principal determinante estructural de la informalidad femenina, la sobrecarga de cuidados. La evidencia es consistente en mostrar que la probabilidad de acceder y permanecer en el empleo formal disminuye a medida que aumentan las horas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, un efecto que recae de manera desproporcionada sobre las mujeres.
Mientras se sigan poniendo trabas a proyectos que buscan emparejar la cancha para hombres y mujeres, como ocurre con el proyecto de ley de Sala Cuna, el subsidio corre el riesgo de mejorar el acceso, pero no la permanencia. Si a ello sumamos la falta de focalización en pequeñas y medianas empresas, en poco tiempo podríamos vernos enfrentados a una reducción de su impacto en la formalización de los puestos ofrecidos.
Asimismo, el énfasis del nuevo subsidio en la creación de nuevas relaciones laborales, aunque positivo, puede reproducir trayectorias intermitentes si no se incorporan mecanismos que incentiven la continuidad contractual una vez finalizado el beneficio. Tal como propusimos en nuestra investigación, avanzar en capacitación asociada al subsidio, bonificaciones por permanencia o una articulación más robusta con políticas de protección social permitiría fortalecer su impacto de mediano plazo.
El Subsidio unificado al Empleo es, sin duda, un avance positivo. El desafío ahora es evitar que se convierta en una solución parcial. La experiencia muestra que la formalización laboral, especialmente la femenina, no se resuelve solo con incentivos económicos. Requiere una arquitectura de políticas públicas coherentes, capaces de abordar simultáneamente empleo, cuidados y trayectorias laborales sostenibles. En esa dirección, la aprobación en el Congreso Nacional de este subsidio es un buen punto de partida, pero no puede ser el punto de llegada.
