Durante esta tarde de lunes, la Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, quien está siendo investigado por presuntos delitos asociados al uso de recursos públicos y documentación falsa.
En específico, el máximo tribunal ratificó el desafuero relacionado a la investigación sobre fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil. Se descartaron los delitos tributarios.
La investigación, que lidera la Fiscalía Metropolitana Oriente, apunta a la emisión de 34 facturas ideológicamente falsas, uso de empresas vinculadas y eventual desvío de fondos públicos para fines políticos, incluso para campañas electorales relacionadas con la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
El abogado Cristóbal Bonacic, quien lidera la defensa del exmilitante de la UDI, calificó el fallo como “muy favorable” porque “excluye el supuesto delito tributario, que fue algo que el Servicio de Impuestos Internos (SII) sacó entre gallo y medianoche, en último minuto”.
“En relación a los otros hechos, nosotros no tenemos ningún inconveniente porque la solicitud de desafuero es una solicitud tardía, por cuanto mi representado deja de ser diputado en marzo de este año, por tanto, el Ministerio Público perfectamente bien podía haber prescindido de esta instancia y haber seguido la investigación a partir de marzo. El hecho fue ganancioso para nosotros porque efectivamente privó al Ministerio Público de poder imputar el delito tributario, algo que fue sacado a último minuto”, complementó.
Consultado por cómo llegan a la formalización, tras esta decisión de la Corte Suprema, el abogado contestó “no solamente el delito tributario menos, sino que quedó claro que existen aún numerosas diligencias de investigación pendientes que esta defensa ha pedido, que el Ministerio Público ha retrasado su desarrollo precisamente para poder imputar algún delito y, una vez que se hagan esas diligencias, entonces la firme convicción que aquí ha demostrado que no existen los delitos que están imputando”.
Finalmente, Bonacic comentó que “hay mucho paño que cortar y eso obviamente es fruto por parte de la diligencia de investigación que tiene que realizarse”.
“Si el Ministerio Público quiere formalizar, está en su legítimo derecho, esperamos que sea así, obviamente va a dar cuenta de una investigación desprolija, inacabada, donde existe una serie de diligencias de investigación que esta parte viene reclamando desde mayo del año pasado”, complementó.
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