La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad, y tras dos semanas de consultas con sectores de la política y de la sociedad civil, una ley de amnistía que conducirá a la excarcelación de cientos de detenidos.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos señalan que la norma es restringida y no ofrece alivio a aquellos que estas entidades consideran «presos políticos», incluidos militares, informó Reuters.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la nueva ley en un acto en la casa de gobierno.
«Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía», dijo la presidenta tras el acto de firma.
Previo a la firma se dio la votación parlamentaria tras el segundo debate requerido por la normativa venezolana.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, deploró que «hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos» para que «todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República».
La presidenta Rodríguez, quien asumió el poder en enero después de que Estados Unidos capturara al expresidente Nicolás Maduro para juzgarlo en ese país, ha cedido a exigencias del gobierno del presidente Donald Trump en temas como reformas legales y ventas de petróleo.
Además, en las últimas semanas se ha excarcelado a cientos de personas que organizaciones de derechos humanos clasifican como presos políticos.
La ley aprobada contempla amnistía por la participación en protestas políticas y en «acciones violentas» ocurridas durante el breve golpe de Estado de 2002, así como por hechos vinculados con manifestaciones o elecciones en ciertos meses de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.
Quedan excluidas las personas condenadas por «rebelión militar» por su participación en los sucesos de 2019.
El texto, de 16 artículos, no detalla los delitos exactos que podrían acogerse a la amnistía, aunque borradores previos incluían figuras como instigación a actividades ilegales, resistencia a la autoridad, rebelión y traición, según informa la agencia Reuters.
La norma no contempla la devolución de bienes incautados, no revoca las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por motivos políticos, ni cancela sanciones contra medios de comunicación, medidas que sí habían aparecido en versiones anteriores.
Para quienes están fuera del país, permite designar a un abogado para presentar la solicitud de amnistía, pero exige que la persona comparezca personalmente en Venezuela para que se le conceda.
Además, solo aplicará a quienes «hayan cesado» en la ejecución de los hechos considerados delito.
La ley elimina las órdenes de captura internacionales para quienes reciban amnistía y establece que los tribunales deberán decidir sobre las solicitudes en un plazo de 15 días.
La ley no incluye amnistía para condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, narcotráfico o corrupción, ni para quienes promuevan, apoyen o cometan «acciones armadas» contra Venezuela con respaldo de estados o entidades extranjeras.
El gobierno acusa con frecuencia a miembros de la oposición de colaborar con agencias como la CIA estadounidense para perjudicar al país y atacar su infraestructura, acusaciones que la oposición niega.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo la semana pasada que espera que la amnistía resulte en «un país 100% pacificado» y reiteró que los encarcelados no son presos políticos.
Aprobada por unanimidad
Aunque el oficialismo tiene mayoría en la Asamblea, la norma recibió también el apoyo de los legisladores opositores, que aseguraron haber logrado cambios durante el trabajo en comisión.
La diputada Nora Bracho, del partido Un Nuevo Tiempo, afirmó que la ley «no es perfecta», pero la consideró un avance para la reconciliación.
Organizaciones como Foro Penal han criticado los límites del texto y sostienen que una amnistía efectiva debería levantar por completo cargos, condenas, arrestos domiciliarios y otras restricciones legales.
Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, escribió en X que, aunque no sea tan amplia como esperaban, la lucha por la libertad debe continuar.
En Caracas, familiares de detenidos mantienen un campamento frente a una comisaría de la Zona 7.
La huelga de hambre comenzó tras el vencimiento de un plazo de excarcelaciones prometidas por el jefe parlamentario la semana pasada.
Para la tarde del jueves, solo quedaba una huelguista: Narwin Gil, de 40 años, cuñada del detenido José Gregorio Farfán.
Otra participante, Sandra Rosales, esposa de un policía detenido, dijo que dejó la huelga por recomendación médica debido a su hipertensión, pero que se mantiene en el campamento. «Queremos es la libertad», afirmó.
