Un panel de expertos de las Naciones Unidas pidió hacer «investigaciones independientes» a la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en relación con presuntas adopciones ilegales internacionales de niños indígenas en una casa hogar de la que fue directora.
La ONU se pronunció trar recibir información sobre «al menos 80 niños indígenas» que fueron internados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, un centro ya clausurado y del que Porras fue directora y administradora durante siete meses en 1982.
«Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas», señalaron las y los expertos.
En concreto detallaron que estas adopciones ilegales pueden ocurrir mediante «actos ilícitos o prácticas ilegales, incluidos el fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos oficiales, la coacción o la falta de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como el beneficio financiero indebido para los intermediarios».
Esta declaración se produce cuando Porras está por concluir su gestión como fiscal general. Dirige el Ministerio Público desde mayo de 2018 y en 2022 ganó la reelección.
Ese mismo año Estados Unidos la incluyó en la lista de actores corruptos y antidemocráticos por obstruir y menoscabar «en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos».
También en estos días participaba como candidata a ocupar otro puesto público, el de magistrada titular o suplente para la Corte de Constitucionalidad, cargos nombrados por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública del país. Sin embargo, quedó fuera por falta de apoyos.
En las protestas ciudadanas que tomaron las calles y redes sociales de Guatemala durante 2023 se clamaba por su renuncia.
En ese momento, la actuación de Porras estaba plagada de señalamientos por supuestamente bloquear investigaciones judiciales, criminalizar a jueces y fiscales, proteger a políticos corruptos y coludir con el presidente del país en ese momento, Alejandro Giammattei.
Ella lo negó tajantemente y aseguró en ese momento que se trataba de campañas mediáticas con sesgo político en su contra.
Además, en ese tiempo también se señaló a su Fiscalía por llevar a cabo numerosas acciones para suspender al Movimiento Semilla, la formación liderada por el actual presidente del país, Bernardo Arévalo, que de manera inesperada venció en las elecciones presidenciales de agosto de 2023.
En ese año electoral, las críticas internacionales al organismo liderado por Porras también fueron escalando.
Tras una visita a Guatemala, el entones secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que “las denuncias expresadas por el Ministerio Público son sin claridad y sin tipificación legal, son claramente persecutorias de un partido político. La persecución contra el partido Semilla debe detenerse”.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó por su parte una profunda preocupación por estas medidas y por todas las acciones de las autoridades judiciales, que parecen adoptarse “para socavar el resultado del proceso electoral en Guatemala” y “el estado de derecho en general”. Además, advirtió de su incompatibilidad con las leyes internacionales de derechos humanos.
