La parlamentaria por Ñuble aprobó aumentar las sanciones contra los internos que sean sorprendidos portando celulares o algún elemento relacionado, como chips telefónicos, que son los que justamente utilizan para cometer extorsiones o estafas telefónicas en los penales.
La diputada por la Región de Ñuble, Marta Bravo (UDI), respaldó el rápido avance que tuvo el proyecto de ley que tipifica como delito la tenencia de celulares u otros elementos tecnológicos al interior de las cárceles, y que tiene por finalidad evitar que los reos sigan cometiendo o liderando delitos desde los recintos penitenciarios, como las extorsiones o el reciente robo que se produjo en el Ministerio de Desarrollo Social, donde 23 computadores y una caja fuerte fueron sustraídos.
Al respecto, la parlamentaria explicó que la iniciativa -que ahora deberá ser ratificada por el Senado para convertirse en ley- apunta a evitar que las personas privadas de libertad puedan mantener contacto con el exterior en horarios y con elementos prohibidos, como ocurre en la actualidad.
Por lo mismo, Bravo detalló que el proyecto viene a complementar la Ley 21.494 -aprobada en noviembre de 2022-, que tipifica como delito el ingreso de elementos prohibidos en los centros penales, de manera de establecer distintas penas contra quienes justamente reciban y tengan en su poder algún elemento tecnológico que le permita a los internos mantener contacto con el exterior.
“Cada vez son más habituales los delitos que se cometen al interior de las cárceles, como las estafas telefónicas o los famosos ‘cuentos del tío’, que por lo general tienen como víctima a adultos mayores, pero ahora incluso es lo que se investiga en el caso del robo a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social. Pero además, en las cárceles también se están produciendo extorsiones, principalmente a los reos que son primerizos, por lo que es fundamental que le quitemos a los delincuentes cualquier posibilidad de seguir delinquiendo desde los recintos penitenciarios”, destacó la diputada UDI.
Producto de lo anterior, la representante del Distrito 19 valoró que el proyecto de ley incluso establezca penas de cárcel para quienes sean condenados, las que van desde el presidio menor en su grado mínimo (61 días) hasta medio (3 y un día), en el caso de que un reo -estando privado de libertad- sea sorprendido portando celulares o algún elemento relacionado, como chips telefónicos.
Pero además, Bravo también llamó al Gobierno a buscar pronto una solución que permita terminar definitivamente con el uso de celulares al interior de las cárceles, como los inhibidores de señales.
“Es indispensable que se instalen pronto estos elementos en los recintos penitenciarios del país, de manera que los delincuentes no puedan seguir actuando desde las cárceles. Esta es una discusión que lleva bastantes años en nuestro país, y que hoy se justifica más que nunca, sobre todo considerando que anualmente se decomisan casi 20 mil chips telefónicos en los penales”, advirtió la parlamentaria, quien finalmente pidió que dicha medida “no termine afectando a los vecinos que ya están pagando un alto costo por vivir al lado de una cárcel”, tomando en cuenta que una de las limitaciones que presentan los inhibidores es que terminan restringiendo la señal en todo el sector.