En la comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados comenzó este martes la discusión del proyecto de
ley de reforma previsional. Alejandro Ferreiro, ex
superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones,
dijo que «es posible tener un ente público, moderno y
eficiente, pero no está garantizado». Añadió que «pensar que
la gestión de los fondos puede darse completamente por
separado de la administración de las cuentas me parece que es
algo ilusorio».
Junto con el proyecto de reforma previsional, el
Gobierno incorporó un «Informe de impacto regulatorio» que
mide los diversos impactos que tendría en la economía
nacional. Respecto al empleo, si bien el Ejecutivo reconoce
un efecto negativo en el mercado laboral, dadas las diversas
disposiciones que se incorporan, este sería acotado e
incluso, positivo para el sector formal.
El subjefe de la bancada UDI, Guillermo Ramírez,
aseguró que la reforma previsional sólo puede fracasar «si el
Gobierno es demasiado inflexible», ya que existen muchos
puntos de acuerdo transversal. El parlamentario aseveró que
«se necesita mucho más que al presidente de la Cámara para
poder tener una buena tramitación.
Ramírez planteó que «si bien el proyecto tiene
cosas positivas, las cosas que son complicadas, como el
destino del 6 por ciento de cotización adicional, va a
requerir mucho más que al presidente de la Cámara, porque ahí
tiene a más del 80 por ciento de los chilenos en contra.
Tenemos una posición bien clara, nos parece que lo que
propone el Gobierno es un error y es injusto», sostuvo en
relación al destino del 6 por ciento adicional.
Según el texto, «por el lado de la oferta laboral,
un aumento de la cotización genera un incentivo adicional a
participar del mercado formal, lo que genera un aumento en la
oferta y, por ello en el empleo». En este sentido, el estudio
estima que «el efecto neto sobre el empleo formal total es
positivo, estimándose que aumentaría un 2 por ciento respecto
a la situación sin reforma».
El ex subsecretario general de la Presidencia
Máximo Pavez, UDI, afirmó que la administración Boric
presentó la reforma previsional «soslayando, dos grandes
eventos en Chile en materia de pensiones: uno, la
incorporación de la PGU, que es la reforma más importante en
materia de Pilar Solidario de la última década, y el otro el
brutal rechazo a una propuesta constitucional, que tenía
temas muy nítidos de pensiones y que se parecen mucho a lo
que está proponiendo el Gobierno ahora».
El abogado gremialista advirtió que «ésta es una
reforma muy frenteamplista desde el punto de vista de su
corazón» y que estará soportada, fundamentalmente, en
recursos pertenecientes a la clase media. El punto más
crítico es que el nuevo 6 por ciento de cotización «se va del
patrimonio de las personas a una cuenta ‘nacional’, ficticia,
que no existe.’No es nuestra platita’; Daniel Stingo tenía
razón: ese dinero se va para que el Estado lo administre»,
criticó.