El representante de Ñuble aseguró que prohibir la externalización de servicios derivaría en un nivel de desempleo “sin precedentes en nuestro país”.
Como un “golpe mortal” para las pymes de la región y del país calificó el diputado por Ñuble, Cristóbal Martínez (UDI), la indicación aprobada por un grupo de convencionales constituyentes de izquierda, que prohíbe la externalización de servicios, como también las relaciones laborales a honorarios en las empresas y la subcontratación, salvo esta última para actividades que sean ajenas al rubro.
Al respecto, el parlamentario por el Distrito 19 advirtió que la norma -que ahora deberá ser votada por el pleno- atentaría directamente contra las pequeñas y medianas empresas de todo el país, al asegurar que “establecer restricciones tan absurdas a la contratación laboral, especialmente en medio de una crisis económica como la que actualmente vivimos, es absolutamente irracional”.
“Esta es una de las indicaciones que podrían terminar generando una crisis sin precedentes en nuestro país, que podría llevar a la quiebra al grueso de las pymes y que, por consiguiente, elevaría el desempleo a tasas históricas difíciles de recuperar”, alertó Martínez, quien agregó que “cuesta entender que algunos constituyentes crean que esta norma beneficiará a los chilenos”.
Por lo mismo, el representante de Ñuble insistió en sus cuestionamientos a la indicación aprobada esta semana, señalando que “con propuestas como esta, la izquierda nos sigue demostrando que su única intención es que las familias chilenas se empobrezcan y así el Estado pueda actuar como un gran hermano, tal como lo hace en países que ellos idolatran”.
“Prohibir la contratación a honorarios o la externalización de servicios es una medida anacrónica, que producirá un efecto letal en el empleo y que hará aumentar la cesantía enormemente, porque son precisamente las pymes las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo en nuestra región y país”, sostuvo Martínez, concluyendo con que “basta con pensar cuántas son las pymes que prestan servicios a otras, que con esta medida quedarían sin la posibilidad de funcionar”.