Desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, hemos puesto un énfasis especial en fortalecer la voz de la ciudadanía y en reconocer el rol vital que juegan nuestras organizaciones sociales. En cada junta de vecinos, comité de vivienda o grupo de agua potable rural, hay una dirigenta o un dirigente que con su tiempo y esfuerzo, se convierte en el puente entre la comunidad y el Estado. Ellos y ellas son los motores de la participación y los defensores de los intereses locales.
Sin embargo, en el ejercicio de esta labor muchas veces se ven expuestos a situaciones de riesgo. Abordar temas sensibles como la delincuencia, el acceso a servicios básicos o la solución de conflictos comunitarios, puede generar amenazas y agresiones, incluso por sus propios vecinos. Esta realidad no solo es inaceptable, sino que además socava los cimientos de nuestra democracia, aquella que se construye desde la base, en los barrios y en las localidades.
Por eso, como Gobierno, hemos impulsado con fuerza el proyecto de ley de protección a dirigentes sociales, una iniciativa que acaba de dar un paso crucial al pasar a la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Esta propuesta es mucho más que un simple trámite legislativo; es una señal política clara y contundente de que el Estado está del lado de quienes se atreven a liderar.
El proyecto busca incorporar en nuestro Código Penal una agravante específica para los delitos de amenazas, lesiones u homicidios que se cometan en contra de un dirigente, y que estén motivados por el ejercicio de sus funciones. En términos sencillos, esto significa que, si alguien agrede a una dirigenta o dirigente por su trabajo, la sanción será mayor.
Esta medida tiene un doble objetivo: primero, actuar como un elemento disuasivo, desincentivando cualquier acto de violencia contra quienes lideran nuestras comunidades. Y segundo, reconocer a nivel legal la importancia del trabajo dirigencial, elevando su protección a la altura de otros cargos públicos.
Pero la seguridad de nuestros líderes sociales no se agota en la vía penal. Desde la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, hemos trabajado de la mano con los dirigentes, ofreciendo herramientas de formación y apoyo. Por ejemplo, en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, realizamos una Escuela de Formación Social en Seguridad y Prevención Comunitaria, cumpliendo así con el compromiso de abordar esta problemática de manera integral.
La autonomía de los grupos intermedios, como lo establece nuestra Constitución, es un principio que valoramos y defendemos. Este proyecto es un paso necesario para visibilizar, proteger y valorar el compromiso de miles de ñublensinas y ñublensinos que desinteresadamente, dedican su vida a construir un mejor futuro para todos. Es una herramienta que fortalece el Estado de Derecho y que nos recuerda que la seguridad de quienes trabajan por el bien común, es responsabilidad de toda la sociedad.
Valentina Pradenas Andrade
Seremi de Gobierno de Ñuble
Maritza Sepúlveda Villouta
