De acuerdo con una denuncia del propio Serviu, la pareja del diputado republicano omitió información para adjudicarse un subsidio destinado a las familias más vulnerables. No explicitó su vínculo sentimental con el parlamentario con quien registra a lo menos cuatro sociedades y el ocultamiento de antecedentes la situó en una condición de “déficit habitacional alto” y de “hacinamiento”. Según el oficio, una de las firmas registra contratos y convenios con organismos públicos por más de 1.096 millones de pesos entre 2007 y 2025.
El Ministerio Público está investigando las posibles ilegalidades en la adjudicación de un subsidio habitacional que terminó beneficiando directamente a la pareja del actual diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme Ducci.
De acuerdo con antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de Bío Bío, la Fiscalía Local de Punta Arenas, ordenó en los últimos días la apertura de una indagatoria penal para indagar en el beneficio que estaba dirigido a las familias más vulnerables.
Los hechos se remontan a julio de 2022 e involucran a Susan Liliana Chicuy Godoy —pareja sentimental y madre de tres hijos del parlamentario republicano— y a la entonces jefa de Operaciones Habitacionales del Serviu Magallanes, Jacqueline Lleucún Uribe.
La denuncia
Todo fue denunciado a comienzos de este mes por director (s) del Serviu de la región de Magallanes, Omar González Asenjo, a través de un oficio dirigido al Ministerio Público en la zona, consigna el medio local Zona Zero.
De acuerdo con el documento, la pareja del diputado fue beneficiada con el proyecto habitacional Estepa Austral I, pese a haber omitido información personal y socioeconómica en la obtención del subsidio.
En concreto, la denuncia apunta a que Susan no informó “los reales ingresos para efectos de una correcta evaluación en el Registro Social de Hogares y de la postulación misma incidiendo de esta forma en sus resultados”.
Los antecedentes, según el oficio, situó a la favorecida en una condición de “déficit habitacional alto” y “hacinamiento”. Todo ello, ya que “habría omitido a su pareja y al padre de sus hijos [es decir, a Riquelme, ex consejero regional y actual diputado ]” del núcleo familiar señalado.
“De haberse declarado la información de forma fidedigna, no habría podido obtener el subsidio por no estar dentro de la población más vulnerable del país, a la luz de sus ingresos reales y por ser dueño su pareja de uno o más inmuebles, según su declaración de patrimonio”, acota la denuncia.
En consecuencia, según expuso el Serviu, la pareja del diputado republicano terminó siendo incorporada mediante un mecanismo irregular para reemplazar a otro beneficiario del proyecto habitacional Estepa Austral I, a quien presuntamente se le retiró el subsidio por un eventual incumplimiento detectado a última hora.
De acuerdo con el procedimiento establecido, correspondía que la Entidad Patrocinante del proyecto, Salfa Austral Ltda., propusiera al Serviu un nombre para sustituir al beneficiario original. Sin embargo, según la denuncia, en este caso el mecanismo operó a la inversa: habría sido la propia jefa del Departamento de Operaciones, Jacqueline Lleucún Uribe, quien entregó directamente el nombre de la reemplazante a la empresa, para que esta luego ingresara la solicitud y formalizara su incorporación al proyecto.
Las sociedades
Una revisión a las empresa de Riquelme permite advertir que compartía a lo menos cuatro sociedades: Magallania Capacitaciones Limitada, Magallania SpA, Magallania Asesorías Limitada y Cannabimed Agroproductos y Laboratorios SpA.
La última de ellas registra un capital inicial de $5 millones y está orientada al “cultivo de plantas aromáticas, medicinales, y especias de cualquier tipo”, además de la “fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales, terapéuticas y productos botánicos”.
Según el oficio, sólo la primera de ellas registra contratos y convenios con organismos públicos por más de 1.096 millones entre 2007 y 2025.
Primeras diligencias
Consultada por esta Unidad de Investigación, la Fiscalía Regional de Magallanes confirmó la apertura de una causa penal para indagar la adjudicación del beneficio.
Según explicaron desde el Ministerio Público, el caso está en manos de la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra.
“Es una investigación abierta y nos encontramos realizando diligencias a fin de establecer o descartar la veracidad de los hechos denunciados”, aseguró la persecutora.
Desde el organismo investigador declinaron profundizar en el detalle de cada una de las pesquisas.
Bío Bío Investiga intentó obtener una declaración de Riquelme, sin resultados hasta el cierre de esta edición. Quien sí atendió el teléfono fue su pareja, Susan Liliana Chicuy Godoy, quien ante las consultas de este medio optó por no emitir ninguna declaración.
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