Cerca del 75% de las empresas y organismos públicos no cumple con la cuota legal del 1%.
Los parlamentarios de la Comisión del Trabajo, Stephan Schubert y Erich Grohs, ingresaron un oficio de fiscalización dirigido al Ministerio del Trabajo y Previsión
Social. La acción responde a alarmantes cifras oficiales que revelan que cerca del 75% de las empresas privadas y organismos públicos aún no alcanza la cuota
mínima de contratación de personas en situación de discapacidad. La Ley N°21.015, vigente desde 2018, mandata a las instituciones públicas y empresas con 100 o más trabajadores a reservar al menos el 1% de sus vacantes para personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez. El diputado Stephan Schubert (PRep) destacó la importancia de avanzar con urgencia en esta materia y señaló que “el desafío actual es transformar estas
cifras en oportunidades reales de inclusión. Necesitamos fortalecer el rol orientador del Estado y trabajar en conjunto con el ministerio para facilitar que tanto las empresas como los organismos públicos cuenten con las herramientas necesarias para cumplir con la ley y dar el ejemplo».
Por su parte, el legislador Erich Grohs (PNL) enfatizó que “exigimos saber qué fallas se han detectado y qué medidas urgentes se van a tomar. La inclusión
laboral no puede ser una declaración de buenas intenciones, sino que se requiere gestión, fiscalización y compromisos reales”.
En el documento, los parlamentarios solicitaron información sobre los objetivos anuales para el cumplimiento de las cuotas de inclusión laboral al término de los
años 2026, 2027, 2028 y 2029.
Sello Inclusión como herramienta clave Desde la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) también abordaron
estas cifras negativas. Matías Poblete, presidente de la organización, invitó a las empresas a participar del Sello Inclusión 2026: «El diagnóstico es claro y la brecha del 75% es preocupante. Por eso, invitamos activamente a las empresas a participar del Sello Inclusión 2026. Esta iniciativa es una herramienta técnica diseñada para guiar, evaluar y garantizar que las compañías cumplan de manera efectiva y sostenible con la normativa vigente».
