El representante de Ñuble explicó que la iniciativa no sólo protege a los alumnos, sino que también a los docentes, profesionales, equipos directivos y asistentes de la educación.
El diputado por la Región de Ñuble, Cristóbal Martínez (UDI), respaldó esta tarde el proyecto de ley que busca endurecer las sanciones de los delitos que se cometan contra todos los integrantes de una comunidad educativa, como una forma de enfrentar los actuales hechos de violencia escolar.
Al respecto, cabe recordar que dicha iniciativa fue ingresada por el Ministerio de Educación a principios de abril, a raíz de la trágica situación que se produjo en un establecimiento educacional ubicado en la comuna de Calama, donde un estudiante atacó con un arma blanca y otros elementos a tres compañeros y dos funcionarios del recinto, causando la muerte de una inspectora de 59 años.
Junto con ello, el Gobierno también presentó un proyecto -que también fue aprobado por la Cámara de Diputados- que apunta a garantizar la seguridad al interior de los colegios y que, además, prohíbe a todos los alumnos condenados por delitos graves acceder a beneficios estatales como la gratuidad.
En cuanto a la iniciativa aprobada durante esta jornada, Martínez explicó que se propone crear una nueva agravante de responsabilidad penal cuando se cometan delitos contra personas que integren una comunidad educativa, lo que incluye a estudiantes, padres y apoderados, profesores y docentes, asistentes de la educación, equipos directivos y sostenedores. Asimismo, el diputado precisó que dicha agravante también se podrá aplicar cuando el delito se cometa en las inmediaciones del recinto o en los lugares donde se acuda a realizar actividades educativas, incluyendo el transporte escolar.
«La aprobación de este proyecto representa un paso concreto para enfrentar con mayor decisión la grave crisis de violencia escolar que atraviesa nuestro país, la que lamentablemente ha alcanzado niveles inéditos. Durante las últimas semanas hemos visto decenas de amenazas, suspensiones de clases, además de agresiones y ataques al interior de los propios establecimientos, lo que nos obliga a adoptar medidas concretas y urgentes», sostuvo el representante de Ñuble, quien enfatizó que «no podemos seguir permitiendo que, por medio de la violencia, un grupo minoritario de personas prive del derecho a estudiar a miles de niños y jóvenes del país», agregando que «si realmente queremos hacernos cargo de esta grave crisis, debemos enfrentar estos casos con mucha firmeza».
En relación con otros aspectos del proyecto -que ahora deberá continuar su tramitación en el Senado-, el diputado Martínez explicó que la agravante también se aplicará a quienes atenten contra la propiedad, incluyendo los delitos de daños o incendio en los establecimientos. Además, se incorporó una norma que aumenta las sanciones cuando los padres, apoderados o tutores de un estudiante amenacen o agredan físicamente a los profesionales o funcionarios de un recinto escolar.
«Es fundamental que podamos recuperar los colegios como espacios de formación, pensamiento y desarrollo integral, donde exista un permanente clima de respeto y seguridad. La educación no puede seguir desarrollándose en un ambiente de temor, como ocurre en la actualidad, porque afecta directamente el futuro del país y de las próximas generaciones», reiteró el parlamentario de la UDI.
