El diputado por Ñuble explicó que la iniciativa también contempla la posibilidad de revisar las mochilas y bolsos de los alumnos para así evitar que puedan ingresar elementos prohibidos.
El diputado por la Región de Ñuble, Cristóbal Martínez (UDI), respaldó esta tarde el proyecto de ley denominado «Plan Escuelas Protegidas», que busca enfrentar los graves episodios de violencia escolar que se han producido en el país y que derivaron, incluso, en el homicidio de una inspectora en Calama.
Al respecto, el representante del Distrito 19 -tal como lo anunció días atrás- votó a favor de la iniciativa, la que fue aprobada por 103 votos, restando sólo la tramitación en el Senado para convertirse en ley.
En ese sentido, uno de los aspectos que contempla el proyecto -y que tiene su origen en una histórica propuesta de la Bancada UDI- es la prohibición de acceder al beneficio de gratuidad en la educación superior por un período de cinco años a aquellos estudiantes que hayan sido condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física de las personas o la propiedad, ya sea pública o privada.
Pero además, Martínez explicó que la iniciativa considera otras medidas, como por ejemplo la posibilidad de que los sostenedores de los establecimientos puedan incorporar en sus reglamentos la posibilidad de revisar mochilas, bolsos u otros elementos personales de los alumnos, con el fin de evitar que ingresen armas blancas, de fuego o cualquier otro elemento que ponga en peligro a la comunidad.
«Lo que estamos buscando con este proyecto de ley es recuperar el espacio educativo para todos los niños y jóvenes que realmente quieren ir a estudiar y aprender, porque lamentablemente ese propósito se ha ido perdiendo por culpa de quienes utilizan los establecimientos para cometer actos vandálicos y atentar contra la educación en nuestro país. Y como no podemos seguir tolerando que una minoría afecte el derecho de la gran mayoría de los alumnos a formarse en un ambiente seguro, es que decidimos respaldar con mucha fuerza esta iniciativa, que ahora esperamos sea tramitada con la misma prioridad en el Senado», sostuvo el parlamentario por Ñuble, quien agregó que «no se trata sólo de establecer mayores sanciones y restricciones para los estudiantes, sino que de enviar una señal muy clara de que no vamos a seguir permitiendo que la violencia y la impunidad se terminen imponiendo».
Justamente, otras de las normas que contiene el proyecto -de acuerdo a lo que detalló el diputado Martínez- apunta a la convivencia escolar, catalogando como una afectación grave los actos que se cometan con el fin de impedir la realización de clases o que tengan como consecuencia su interrupción.
Asimismo, el legislador de la Bancada UDI precisó que también se considerarán como una afectación grave a la convivencia escolar las amenazas que realice algún integrante de la comunidad educativa y que provoquen la suspensión de clases, tal como ha ocurrido durante las últimas semanas en el país.
Por último, Martínez también valoró que se aprobara suspender la gratuidad en la educación superior a los estudiantes condenados por delitos graves, a propósito de la grave agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante su visita a una actividad desarrollada en la Universidad Austral.
«No podemos permitir que la violencia termine imponiéndose en nuestro país. Los colegios y las universidades deben ser espacios seguros, de respeto y de oportunidades, no lugares donde los violentistas actúen con total impunidad. Por eso esperamos que el Senado tramite este proyecto con la mayor urgencia para que se convierta lo antes posible en ley», reiteró el representante de Ñuble.
