Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha sido imputada por corrupción tras una investigación penal de dos años, según una resolución judicial.
Gómez está acusada de utilizar su relación personal para impulsar su carrera privada a través de un puesto en la Universidad Complutense de Madrid. También se la acusa de usar recursos públicos para favorecer intereses privados.
De acuerdo con la resolución judicial, ha sido imputada por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de fondos. Ahora corresponde a los tribunales decidir si se sentará en el banquillo de los acusados.
Gómez niega los cargos, mientras que Sánchez ha desestimado las acusaciones calificándolas como un intento de la derecha de socavar su coalición de gobierno.
La investigación fue abierta por el juez Juan Carlos Peinado en abril de 2024 para determinar si Gómez había explotado su posición como esposa del presidente del Gobierno en beneficio privado.
Se la acusa de haber utilizado su posición para asegurarse un puesto en la prestigiosa universidad, donde dirigía un máster en estudios empresariales. El juez señala la falta de cualificaciones relevantes de Gómez como prueba.
Una denuncia presentada por la extrema derecha
La denuncia contra Gómez fue presentada por el colectivo anticorrupción Manos Limpias, liderado por un hombre vinculado a la extrema derecha llamado Miguel Bernad. El grupo ha presentado en el pasado numerosas demandas fallidas contra políticos.
Cuando comenzó la investigación, Sánchez suspendió su agenda pública durante cinco días para «parar y reflexionar» sobre si debía continuar en el cargo, debido al «fango» al que, según él, la derecha y la extrema derecha trataban de llevar a la política española.
El presidente denunció una «estrategia de acoso» durante meses destinada a debilitarlo políticamente y a atacar personalmente a su esposa.
Gómez y Sánchez se encuentran actualmente de visita oficial en China.
Por separado, el hermano del presidente, David Sánchez, ha sido imputado en una investigación por presunto tráfico de influencias relacionado con su contratación por un gobierno regional.
Y a principios de este mes, su exministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue enviado a juicio por acusaciones de haber recibido comisiones ilegales en la venta de equipos de protección individual al Gobierno español durante la pandemia de la Covid-19.
