Por Jaime Cifuentes, Presidente Mesa FitExt CORMA
Por estos días se ha hablado mucho sobre la necesidad de recuperar el crecimiento y la competitividad de nuestra economía, especialmente en los mercados internacionales. Sin embargo, esas declaraciones contrastan con una dura realidad: todo ese relato depende, en gran medida, de que el Estado sea capaz de garantizar servicios públicos esenciales para el funcionamiento de los sectores productivos.
El paro prolongado del SAG nos obliga a mirar de frente una fragilidad que ya no podemos seguir ignorando.
El sector forestal —como muchos otros— conoce bien las crisis. En la última década, la actividad ha visto caer su participación en el PIB nacional, cerrar plantas industriales de distintos tamaños, perder miles de empleos y enfrentar incendios y falta de forestación que han reducido drásticamente la disponibilidad de madera en pie. En este escenario, el rol del Estado es más importante que nunca: no para favorecer a un sector en particular, sino para asegurar condiciones mínimas de funcionamiento.
Hoy, esa continuidad está en riesgo. El paro del SAG ha evidenciado que Chile no cuenta con mecanismos que garanticen la operación permanente de un servicio público imprescindible para las exportaciones. La falta de dotación suficiente está retrasando embarques, encareciendo operaciones y comprometiendo la capacidad del país para cumplir sus contratos internacionales. Cuando un servicio esencial se detiene, todo el ecosistema exportador se detiene con él.
A esta situación se suma otro factor preocupante: el incremento sustantivo en las tarifas de inspección del SAG, implementado este año, que ha elevado de manera significativa los costos logísticos para los exportadores. En un contexto de desaceleración económica y márgenes cada vez más estrechos, este aumento —sin mejoras perceptibles en la eficiencia del servicio— genera una señal contradictoria. Por un lado, se encarece la actividad exportadora; por otro, se agrava la dependencia de un sistema que hoy demuestra ser estructuralmente vulnerable.
Chile no puede seguir administrando su competitividad internacional bajo un esquema en el que un conflicto interno en un servicio público que paraliza cadenas productivas completas. Porque esto no es solo un problema logístico: es un golpe directo a la reputación del país. Y recuperar la confianza de los mercados internacionales cuesta mucho más que evitar que se pierda.
Es urgente que el Gobierno avance en un acuerdo que permita retomar la continuidad del servicio y, más relevante aún, que establezca un protocolo preventivo que evite que esta situación se repita. La estabilidad exportadora y la credibilidad de Chile lo exigen.
En momentos en que la economía necesita certidumbre, eficiencia y cohesión institucional, el país no puede permitirse mirar hacia el lado. Un Estado que no asegura sus funciones esenciales no solo pone en riesgo a un sector productivo: pone en riesgo su propio proyecto de desarrollo.
| Cristian Chandía Rebolledo |
