Si bien los parlamentarios de la UDI votaron a favor del servicio, lamentaron que sean una de las últimas regiones donde se implementará, lo que ocurrirá recién dentro de cuatro años.
Como un «anhelo» que los chilenos esperaban desde hace «varias décadas» calificaron los diputados de la Bancada UDI que representan a la Región de Ñuble, Marta Bravo y Cristóbal Martínez, la aprobación definitiva del proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, que por fin permitirá al Estado entregar un apoyo legal a todas las personas que han sufrido algún delito a propósito de la grave crisis de seguridad que enfrenta el país.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas recordaron que la iniciativa fue presentada a principios de 2021 por el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, siendo incluido -dos años más tarde- dentro del «fast-track» legislativo que el Congreso acordó tramitar junto con la actual administración.
En cuanto a los detalles de la nueva ley, los diputados Bravo y Martínez explicaron que se creará un solo servicio a cargo de garantizar el derecho de las personas a acceder a la justicia, que reunirá a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, al Programa de Asistencia a Víctimas y a los Centros de Atención Integral a Víctimas, incluyendo -además- la prestación de asistencia psicológica y social para los que recurran a ella y la entrega de asesoría jurídica a las personas víctimas de algún delito.
En ese sentido, los representantes de Ñuble también precisaron que si bien el nuevo servicio debe garantizar la prestación de asesoría a las personas en dicha condición, la representación jurídica se otorgará a quienes no pueden costearse una defensa particular, lo que se definirá en función de la condición de vulnerabilidad de la víctima. Asimismo, la nueva ley también define a los «grupos especiales» que tendrán derecho a la defensa, que serán los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad y las víctimas de catástrofes naturales. Por último, se fijó una priorización según el tipo de delito, poniendo en primer lugar los casos de femicidio, parricidio, homicidio, lesiones graves y maltrato a menores y adultos mayores, entre otros.
«Hoy hemos dado un paso fundamental al aprobar un proyecto de ley que era anhelado por muchos chilenos, como es la Defensoría de las Víctimas. Hasta ahora, resultaba absolutamente inexplicable que los delincuentes tuvieran acceso gratuito a un abogado y no así sus víctimas, quienes quedaban a la disposición de la Fiscalía, que todos sabemos la carga de trabajo que tiene y la enorme cantidad de causas que archivan anualmente. Con esta nueva ley, en cambio, los chilenos, en especial los que no tienen los medios para contratar una defensa particular, no volverán a estar solas frente a los delitos que los afecten, lo que es un avance trascendental a propósito de la grave crisis de seguridad que estamos viviendo y la constante alza de la delincuencia en Chile», señalaron Bravo y Martínez.
Sin embargo, a pesar del despacho del proyecto, los legisladores manifestaron su preocupación por los plazos de la entrada en vigencia del nuevo servicio en el país. Lo anterior, puesto que se dispuso una operación gradual por regiones, que irá entre los 18 y los 48 meses desde publicada la ley, siendo Ñuble una de las últimas donde se implementará, recién a los cuatro años desde su promulgación.
«Es absolutamente inentendible que la región más pobre del país, según la Encuesta Casen, y la que tiene el desempleo más alto, sea una de las últimas donde entre en operación el nuevo servicio. No hay justificación alguna para que la Defensoría de las Víctimas en Ñuble recién se implemente en cuatro años más, por lo que vamos a exigir que se adelante ese plazo», señalaron ambos diputados.__________
