El representante de Ñuble anunció su apoyo al proyecto denominado «escuelas protegidas», que incluirá una inhabilidad de cinco años para todos los sancionados por actos vandálicos.
En el marco de los proyectos de ley que el Gobierno anunció que ingresará para enfrentar los graves casos de violencia escolar que se están produciendo a lo largo del país, el diputado por la Región de Ñuble, Cristóbal Martínez (UDI), valoró que se incluyera una propuesta que viene impulsando desde hace bastante tiempo y que busca prohibir que las personas condenadas por hechos violentos o delictuales puedan acceder al beneficio de la gratuidad en la educación superior.
Al respecto, cabe recordar que desde el período pasado que el parlamentario gremialista se encuentra impulsando una iniciativa de esas características, que no sólo busca impedir el acceso a la gratuidad universitaria, sino que también a los otros beneficios sociales financiados por el Estado.
Por lo mismo, tras conocer los detalles de uno de los proyectos que ingresará en los próximos días al Congreso con discusión inmediata -denominado “escuelas protegidas”-, el representante de Ñuble destacó que se contemple una inhabilidad de cinco años para todos los “condenados por delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la propiedad o la infraestructura pública”.
“Es de todo sentido común que los estudiantes secundarios que se dedican a cometer actos vandálicos en sus establecimientos no puedan acceder a la gratuidad en la educación superior. Este es un beneficio que se financia con recursos de todos los chilenos, por lo tanto debe destinarse a quienes realmente lo necesitan y no a quienes, probablemente, van a seguir teniendo este tipo de conductas durante su etapa universitaria», señaló el diputado Martínez, quien agregó que “se trata de una medida absolutamente coherente, frente a la cual esperamos que ningún sector se oponga».
En esa misma línea, el integrante de la Bancada UDI precisó que el mismo proyecto también contemplará una excepción para los menores de edad que sean sancionados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, permitiendo que los tribunales de justicia puedan dejar sin efecto la inhabilidad de cinco años cuando se acredite el cumplimiento de fines de reinserción social.
De todas formas, Martínez insistió en su respaldo al proyecto, asegurando que “dado los niveles de violencia escolar que se están viviendo en nuestro país, lo que se requieren son justamente medidas de esta naturaleza, que establezcan consecuencias totalmente claras frente a conductas graves».
«La educación debe ser un espacio seguro, de respeto y formación, que no puede verse amenazado por conductas que atenten contra la convivencia escolar. Por lo tanto, si hay estudiantes que se dedicaron a atentar contra este principio y fueron condenados por delitos graves, no corresponde que con los recursos de todos los chilenos se le financien sus estudios superiores. Es una señal absolutamente clara de respeto a las normas, por lo que esperamos que los sectores políticos apoyen esta iniciativa y no busquen excusas para no avanzar», reiteró el parlamentario gremialista, quien también anunció su respaldo a las otras medidas que contendrá el proyecto, que buscan proteger los ambientes escolares y devolver el respeto y la autoridad a los docentes en los colegios.__________
