Una docena de empresas investiga la Fiscalía de Alta Complejidad en La Araucanía, tras recibir denuncias por eventuales irregularidades en un programa financiado con recursos del Gobierno Regional. Más de 8 mil millones de pesos que se repartieron entre cientos de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de la zona y donde una buena parte no logró acreditar de manera fehaciente en qué se gastaron.
Facturas observadas, rendiciones sin los certificados exigidos y compras a mipymes que pertenecen a los mismos empresarios beneficiados, son parte de los antecedentes que Radio Bío Bío en Temuco logró obtener y que cuentan la historia de un programa que pretendía reactivar la economía regional.
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Buena parte de los dineros terminaron en manos de familias de La Araucanía, conocidas, no sólo por sus abultados patrimonios, si no que también por los vínculos que mantienen con partidos políticos de la derecha.
Así lo confirma el actual gobernador, René Saffirio, hoy independiente tras dejar -hace varios años- la Democracia Cristiana (DC). La autoridad reveló a este medio el nombre de una serie de empresas que resultaron con los recursos rechazados en las rendiciones.
Las firmas a las que apunta Saffirio tienen relación con el ex presidente del Partido Republicano en la zona, Alejandro Martini; además de la familia García Aguilera, que mantiene un lazo de parentesco con el exdiputado de Renovación Nacional (RN), Diego Paulsen.
La Radio logró acceder al listado de empresas, compuesta por un total de 327 entre personas naturales y jurídicas. Además de las mencionadas por el gobernador, hay otras que pertenecen a figuras que enfrentan la justicia en distintas aristas del caso Fundaciones, siendo investigadas por delitos tan graves como fraude al Fisco.
Hoy el programa, que pretendía reactivar la economía de La Araucanía, se encuentra cerrado y en el proceso, el equipo del actual Gobierno Regional detectó una serie de irregularidades que incluyen información extraviada, rendiciones rechazadas por 6.887 millones de pesos y un monto observado por $1.197 millones.
Por todo lo anterior, la autoridad instruyó sumarios administrativos y además evalúa la presentación de acciones legales.
Mientras tanto, la Fiscalía inició una investigación tras recibir una denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII), sumándose una que posteriormente ingresó el gobernador Saffirio.
Economía devastada por la pandemia: El inicio de todo
Conocida es la historia de los convenios que el Gobierno Regional de La Araucanía firmó con distintas fundaciones. Sin embargo, poco se sabe de los traspasos que la institución pública efectuó a la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo para un programa de reactivación económica en 2022.
Las transferencias que la entidad realizaba a la agencia no tenían nada de extraño, ya que se trata de una organización de derecho privado que necesita los recursos del Gobierno Regional para operar y así ejecutar una gestión orientada a mejorar los indicadores de competitividad económica de los territorios.
Hasta ahí, todo bien. La corporación del GORE de La Araucanía cumplía con su objetivo y por lo mismo decidió actuar ante las devastadoras consecuencias que la pandemia del Covid-19 dejaba en la actividad regional.
Cerca de 82 mil puestos de trabajo perdidos en 2020 y el freno a la actividad empresarial encontraron solución en el programa de reactivación económica que propuso la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Una idea que surgió en 2021 cuando Luciano Rivas, el primer gobernador de la región y el único que la derecha logró posicionar en todo el país, lideraba el Gobierno Regional de La Araucanía. Su misión era administrar los bienes y recursos de la zona, pero también cumplía con presidir el directorio de la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo.
La pandemia no sólo enfermó a las personas, también provocó un freno en las economías locales y en la región más pobre del país, las familias pedían medidas urgente a las autoridades.
Una crisis que la corporación vio como una oportunidad para proponer el programa de Reactivación Económica para las mipyme que intentaban adaptarse al escenario de incertidumbre que dejaba la emergencia sanitaria en 2021.
Ese año fue clave para comenzar con la iniciativa que tenía el objetivo de cofinanciar planes de negocios, a través de infraestructura y/o equipamiento que permitieran mejorar los productos o servicios para contribuir a la competitividad de los emprendedores, pero también para generar puestos de trabajo.
Así se firmó un convenio con el Gobierno Regional que lideraba Luciano Rivas. En primera instancia la entidad pública transfirió 2 mil millones de pesos a la agencia, aunque luego los recursos aumentaron al doble, es decir, 4 mil millones de pesos.
Tras superar los trámites administrativos del Gobierno Regional, la iniciativa obtuvo la toma de razón de la Contraloría en julio del 2022. Sin embargo, tres meses después el directorio de la corporación acordó solicitar un aumento de $5 mil millones a la institución pública que estaba a cargo de Rivas.
Es así que el 13 de octubre del 2022 el exgobernador ingresó el mensaje N°316 al Consejo Regional, obteniendo en a penas cuatro días la aprobación de los miembros de la instancia. Para el 17 de octubre, el programa contaba con un total de 9 mil millones de pesos.
Las bases del programa establecían que el objetivo principal era “cofinanciar hasta un 50% de iniciativas de inversión en equipamiento, mobiliario, maquinarias o herramientas y/o mejora de infraestructura, finalmente podrán destinar hasta un 30% del monto total del proyecto a la compra de materias primas debiendo destinar el 70% restante a las líneas de equipamiento, construcción o mejoras de infraestructura de proyectos”.
Los costos de las iniciativas de las micro, pequeñas y medianas empresas fluctuaban entre los 20 a 100 millones de pesos, por tanto, la agencia entregó montos que iban desde los 10 a 50 millones de pesos.
Personas naturales y jurídicas postularon a los fondos y para ello tenían que cumplir con ciertos requisitos. A las primeras se les solicitó ser mayor de 18 años, contar con residencia acreditable en La Araucanía, tener iniciación de actividades en primera categoría, además de presentar un certificado de iniciación de actividades y carpeta tributaria del 2021 si la tuviera.
Mientras que a las personalidades jurídicas se les pidió prácticamente lo mismo, aunque también tenían que presentar su giro comercial, demostrar que estaban constituidas legalmente en Chile y que la casa matriz o una sucursal acreditaran domicilio en la región.
$50 millones para empresa del expresidente de Republicanos
“La región necesita al mejor y para el Partido Republicano es Luciano Rivas”, decía por ese entonces el presidente de la tienda en La Araucanía, Alejandro Martini, quien en diciembre de 2020 concedió una entrevista al Diario Austral para manifestar su apoyo público a la autoridad que buscaba coronarse como el primer gobernador de la región.
El político, también conocido como “el flaco Martini”, no escondió su felicidad e incluso publicó en su cuenta de Instagram una foto con sus declaraciones en el periódico.
