Tras fallo judicial por reubicación de vendedoras en Playa Ventanas, la entidad pide soluciones inclusivas que compatibilicen orden, seguridad y
oportunidades laborales
Un llamado a buscar equilibrio entre permisos, ordenamiento territorial y seguridad realizó la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), luego de conocerse el
fallo judicial que anuló la decisión del municipio de reubicar a un grupo de mujeres con discapacidad que durante más de 15 años ejercieron el comercio en Playa
Ventanas. El caso, dado a conocer por el medio El Desconcierto, generó debate luego de que la justicia dejara sin efecto la medida municipal, al determinar que no existía una ordenanza formal que respaldara la reubicación de las trabajadoras. Desde la fundación aclararon que el llamado no apunta a flexibilizar permisos ni a
desregular el comercio, sino a encontrar fórmulas que permitan compatibilizar el cumplimiento de la normativa con la necesidad real de generar ingresos. El presidente y fundador de la entidad, Matías Poblete, señaló que en Chile las personas en situación de discapacidad enfrentan mayores barreras de acceso al
empleo formal, por lo que el comercio se ha convertido en una alternativa concreta de subsistencia. “En nuestro país, las personas con discapacidad necesitan alternativas reales de acceso al trabajo. El comercio es una opción relevante para muchas de ellas. Lo importante es que las decisiones administrativas consideren condiciones de accesibilidad, seguridad y viabilidad económica”, sostuvo. Poblete enfatizó que el ordenamiento del espacio público es una atribución
legítima de las autoridades, pero advirtió que las medidas deben estar debidamente fundadas en la normativa vigente y garantizar que las alternativas
ofrecidas sean efectivamente sostenibles. Desde la FCHD recalcaron que el derecho al trabajo no puede verse afectado por decisiones que, aun buscando ordenar, terminen eliminando la única fuente de ingresos de personas que ya enfrentan desventajas estructurales.
En ese contexto, hicieron un llamado a avanzar en soluciones que integren inclusión, seguridad y cumplimiento normativo, evitando que el ordenamiento
territorial se transforme en una barrera adicional para quienes buscan autonomía económica.
