Este miércoles se realizó el Debate Presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) 2025, con la participación de los dos candidatos a la Presidencia de la República, Jeannette Jara (oficialismo y DC) y José Antonio Kast (oposición), en el Campus Oriente de la Universidad Católica, ubicado en la comuna de Providencia.
El debate de Archi, realizado con el apoyo de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, contó con periodistas de radios asociadas al gremio nacionales y regionales.
El primer bloque del debate, centrado en contingencia y actualidad, estuvo marcado por dos grandes temas: la migración irregular y las megatomas de terreno, y las propuestas económicas y laborales, incluyendo cuestionamientos sobre probidad y ética a los asesores de ambos candidatos.
José Antonio Kast fue consultado sobre la expropiación de terrenos en la megatoma de San Antonio, a lo que respondió criticando el «acto dilatorio permanente» del Gobierno y señalando que él «lo habría hecho mucho antes». Para el republicano, la solución es el «cumplir el fallo como corresponde», insistiendo en que «para lograr el Estado de Derecho para poder vivir en paz. Hay que cumplir la ley». Ante la pregunta sobre qué hacer con las familias desalojadas, afirmó que la autoridad podría buscarles un lugar temporal «pero también con plazos determinados».
Jeannette Jara, por su parte, abordó la situación de los migrantes venezolanos sin documentos que buscan volver a su país. Si bien reconoció la criticidad, propuso «ayudarlos para que consigan sus documentos vía Bolivia». Respecto a los 334.000 migrantes irregulares en Chile, desestimó la idea de una expulsión masiva, señalando que, «si se fueran 100 migrantes diarios en un avión todos los días, los 330.000 migrantes estarían expulsados de aquí a nueve años más». Subrayó su rechazo a usar la migración como «tema de campaña electoral» y fue clara al decir: «No podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana».
La posición de Kast sobre la migración irregular, basada en la expulsión, fue interpelada en relación con su fe católica y las críticas de obispos, quienes han calificado su política de «no es hermana, no es racional, no es evangélica». Si bien compartió la «preocupación» del obispo, el candidato diferenció los roles: «La Iglesia tiene una función de acogida, solidaridad, caridad, que es evidente. El Estado lo que tiene que hacer es hacer cumplir la ley». Mantuvo su postura, aunque reconoció que la permanencia irregular de un migrante en Chile «no es un delito», afirmó que «cuando sea un delito, se va a aplicar toda la ley».
Propuestas económicas
En el ámbito económico, Jara fue consultada sobre su propuesta de devolver el IVA de los medicamentos versus resucitar la Ley Fármacos II, desechada en el Congreso. La candidata acusó que la Ley Fármacos II «no avanzó por presiones de la industria», y criticó al principal asesor económico de Kast, Jorge Quiroz, criticado por su vínculo con el gremio de las farmacias y de los pollos en medio de los escándalos de colusión.
«(Quiroz) estuvo defendiendo las farmacias coludidas, no porque sea una opinión mía, sino que porque la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia así lo señalan: (las farmacias) ejercieron su poder económico a fin de que la ley no avanzara», apuntó la abanderada oficialista.
En materia laboral, como exministra del Trabajo, destacó la creación del «seguro de lagunas previsionales» en la reforma que lideró, y para aumentar la formalidad, propone un «monotributo social» para los emprendedores y el «alivio al bolsillo» para las pymes, defendiendo su propuesta de un sueldo vital de 750.000 pesos ya que «busca que la gente logre llegar a fin de mes».
Kast fue consultado sobre sus críticas a la legislación laboral en el sector agrícola, a la que calificó como «leyes ridículas», argumentando que «el mundo rural no es lo mismo que el mundo urbano». Puso como ejemplo las faenas de cosecha y lechería para defender una «norma especial» que permita flexibilidad horaria, similar al sector minero, indicando que «falta voluntad». En cuanto al pequeño agricultor, criticó el sistema de apoyo estatal (INDAP), señalando que lo hace «dependiente» en lugar de darle las herramientas completas: «Nosotros queremos que el pequeño también llegue a ser mediano y grande».
La probidad fue un tema al final del bloque. Kast fue inquirido sobre el diputado republicano Cristian Araya, investigado por el Ministerio Público. El candidato defendió la reacción de su partido, indicando que se toman medidas al inicio de una acción judicial, y que el diputado suspendió su militancia. Rechazó la condena basada en información periodística, señalando que «se toma una determinación cuando hay antecedentes de que en la autoridad comienza una investigación».
Kast tuvo un tenso cruce con la periodista Octavia Rivas, quien le preguntó si nombrará ministro a su principal asesor económico pese a que fue condenado en 2015 por haber manejado ebrio, y su vínculo con las industrias en medio de los escándalos de colusión: «Fue sancionado, cumplió, nunca fue condenado por lo que usted menciona. En las otras afirmaciones que usted hizo, (sobre colusión) hay errores», respondió el abanderado, que dio un fuerte espaldarazo a Quiroz: «Tiene todo mi respaldo».
Gobernabilidad, costo de vida y cruce por economista Quiroz
El segundo bloque del debate Archi se centró en Temas Generales, abordando la gobernabilidad, la polarización política, el manejo del presupuesto fiscal, la crisis hídrica, la natalidad y el costo de vida. La dinámica permitió una confrontación directa de ideas durante tres minutos por tema, intensificando el tono del debate.
La discusión sobre gobernabilidad se inició con las advertencias de sectores de ultraderecha sobre un posible golpe de Estado o estallido social si alguno de los candidatos ganaba. Jara desestimó estas voces como «provocaciones» y recordó que los únicos que han desestabilizado gobiernos en Chile históricamente han sido los sectores ligados a la derecha, insistiendo en que ella representa una mejor garantía de estabilidad gracias a su capacidad para construir acuerdos.
Kast, por su parte, aprovechó la pregunta para criticar al actual gobierno y a Jara afirmando que la izquierda, históricamente, gobierna «con un pie en la Moneda y con un pie en la calle», sugiriendo que, al ganar, la izquierda se quedaría con «los dos pies en la calle».
El debate se centró en la polarización del país y la búsqueda de los «votos huérfanos» (votos nulos/blancos, especialmente del PDG). Kast bromeó sobre el bajo apoyo a Jara en la consulta interna de la formación de Franco Parisi, pero enfatizó que, si gana, él será Presidente de todos los chilenos y que le interesan todos los votos.
Jara se posicionó como la representante de la centroizquierda chilena, criticando el «fanatismo» y las «sectas» que, a su juicio, destruyen el debate.
El momento de mayor tensión ocurrió cuando Jara acusó a Kast de tener en su equipo a gente que «se jode a la gente»: «Tú te jodes a la gente y los amparas (a quienes lo hacen) en tus equipos. Si eres Presidente, ¿vas a hacer lo mismo?», emplazó la exministra del Trabajo.
Tal intervención generó una respuesta inmediata del republicano, quien acusó a Jara de haber «amparado» a Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior formalizado por violación y abuso sexual.
La pregunta sobre cómo administrarían el presupuesto del próximo año dada la estrechez fiscal generó un duro cruce sobre las finanzas públicas. Jara prometió reducir el déficit fiscal y tomar en cuenta las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, asegurando que no reducirá el gasto social ni bajará los impuestos a los más ricos. En cambio, reasignará fondos desde programas fiscales mal evaluados.
Kast respondió que, bajo su gobierno, los «operadores políticos» tienen «98 días para que tomen sus cosas y se vayan», y aseguró que reducirá el desorden del gasto público.
El debate se estancó en la acusación de Jara a Kast sobre la falta de claridad en cómo financiará su programa y de dónde saldrán los 6.000 millones de dólares de reducción de gastos que supuestamente plantea. Kast no respondió directamente, sino que derivó la respuesta a la necesidad de atender las «urgencias» de los chilenos.
En el tema de la baja tasa de natalidad, el republicano reiteró su compromiso con la sala cuna universal con cargo al Estado y afirmó que respeta profundamente la decisión libre de cada mujer de no tener hijos, prometiendo colaborar con ayudas económicas y científicas para quienes deseen ser madres y no puedan, siempre respetando la dignidad de la persona. Jara corrigió a Kast, señalando que ella misma ya presentó el proyecto de sala cuna universal, el cual fue aprobado recientemente en la Comisión de Trabajo con apoyo transversal. La oficialista desafió a la derecha y ultraderecha en el Congreso a permitir que el proyecto avance, enfatizando la diferencia entre «tener una idea» y «yo ya hice.»
Sobre la crisis estructural del agua, Jara indicó que las plantas desaladoras en curso deben usarse para el consumo humano, y no solo para la producción. Subrayó la importancia de la retención de agua lluvia mediante embalses y el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina. Jara lamentó la privatización del agua en dictadura, afirmando que debe ser un bien público. Kast, por su parte, priorizó el foco en la persona con soluciones rurales a través de los APR (Agua Potable Rural), lamentó el abandono de esta política y criticó al Gobierno por solo darse cuenta de la importancia de los embalses tras las inundaciones. Defendió las plantas desaladoras existentes, citando el caso de Caldera como ejemplo de mejoramiento de la potabilidad, y aseguró que los problemas medioambientales son exagerados.
El bloque finalizó con la pregunta sobre el costo de vida y la multa por circular sin TAG (telepeaje). Jara admitió haber pagado multas caras, pero empatizó con la injusticia que afecta a quienes no tienen capacidad de pago, anunciando su apoyo a la legislación que busca eliminar dichas multas. Kast se mostró a favor de adaptarse a la modernidad, pero evitó tomar una posición definitiva sobre el proyecto de ley, indicando que el tema está en debate en el Congreso y que el uso de carreteras requiere un pago.
