El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley que busca modificar la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, iniciativa que ingresa a su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. La propuesta, elaborada tras un amplio proceso consultivo que reunió a más de 6.600 personas de todo el país, tiene como objetivo actualizar una normativa vigente desde 2011, reforzando el derecho a la participación y dotando a los mecanismos existentes de un carácter incidente y deliberativo.
En Ñuble, la seremi de Gobierno, Valentina Pradenas, destacó que este cambio legal tendrá un impacto directo en las organizaciones sociales de la región, que por años han demandado mayor reconocimiento y espacios de decisión. “Con esta propuesta estamos cumpliendo con una demanda muy sentida de las dirigentas y dirigentes sociales de Ñuble, que quieren que su voz no solo sea escuchada, sino que también tenga incidencia real en las decisiones que afectan a sus comunidades”, señaló.
La autoridad agregó que uno de los puntos clave será el fortalecimiento de los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), que dejarán de ser consultivos para transformarse en instancias incidentes y deliberativas. “Queremos dignificar la labor dirigencial y fortalecer los Consejos de la Sociedad Civil, para que dejen de ser una formalidad y se conviertan en verdaderos espacios de diálogo y construcción colectiva, donde la ciudadanía tenga un rol protagónico en la gestión pública”, enfatizó Pradenas.
El proyecto contempla además el reconocimiento legal de la labor de las y los dirigentes sociales, la incorporación de principios de no discriminación, transparencia y gratuidad en el ejercicio del derecho a participar, junto con la obligación de planes de capacitación anuales para dirigentes y funcionarios públicos. De esta forma, la reforma busca garantizar que la participación ciudadana deje de ser una consulta simbólica y se transforme en una herramienta efectiva para incidir en las decisiones del Estado.
Con el inicio de su discusión en el Parlamento, la región de Ñuble se suma a este proceso de modernización de la participación ciudadana, que apunta a consolidar una democracia más abierta, inclusiva y territorial, en la que las comunidades locales tengan un rol decisivo en las políticas que impactan en su vida cotidiana.
Maritza Sepúlveda Villouta
