Los representantes de Ñuble explicaron que los requisitos para que los efectivos militares y policiales puedanobtener el permiso son haber estado al menos 20 años en la institución, no tener antecedentes penales ni registrar denuncias por hechos sobre violencia intrafamiliar.
A casi tres meses de haber sido ingresado, esta semana comenzó finalmente la tramitación de un proyecto de ley que presentaron los diputados de la Bancada UDI que representan a la Región de Ñuble, Marta Bravo y Cristóbal Martínez, que busca autorizar a los funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y de Carabineros a portar armas de fuego en la vía pública, como una manera de que puedan contribuir a enfrentar la grave crisis delictual por la que hoy atraviesa el país.
Al respecto, ambos parlamentarios explicaron que fue en la comisión de Defensa donde se empezó a discutir su iniciativa, la que tiene por objetivo ampliar justamente el grupo de efectivos policiales y militares -tanto activos como en retiro- que estén autorizados a portar armas en el país, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos que garanticen a la población que se usarán de manera correcta.
En esa línea, los diputados Bravo y Martínez precisaron que en la actualidad, de acuerdo al Decreto Ley N° 3.356, sólo los oficiales generales, oficiales superiores, tenientes coroneles o equivalentes, además de los suboficiales mayores en retiro de las FF.AA. y de Carabineros, están autorizar a portar las armas de fuego que tengan debidamente inscritas a su nombre. Por lo mismo, lo que propusieron es que dicha norma se pueda extender al resto de los funcionarios en retiro, siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: haber estado al menos 20 años en la institución, no tener antecedentes penales y no registrar denuncias por hechos sobre violencia intrafamiliar (VIF).
“Ante la grave crisis de seguridad por la que estamos atravesando, creemos que es absolutamente pertinente que los funcionarios militares y policiales que cumplan ciertos requisitos, como los 20 años de servicio y no tener antecedentes penales, estén autorizados a portar armas de fuego debidamente inscritas en la vía pública. Muchas veces hemos visto que funcionarios de franco o en otras circunstancias han colaborado a prevenir un delito o a detener a algún delincuente, por lo tanto es de toda lógica que personas que tienen las destrezas y habilidades en esta materia puedan apoyar una labor compleja, de la cual las autoridades ya se han visto sobrepasadas”, manifestaron.
Justamente, los representantes de Ñuble apuntaron a la formalización especializada y también a la experiencia con la que cuentan dichos efectivos, sobre todo a raíz de la política de desarme que ha impulsado el actual Gobierno. Así, señalaron que “quienes saben utilizar y hacer un uso adecuado de las armas de fuego perfectamente podrían contribuir a enfrentar alguna situación imprevisible”.
“Por lo mismo -agregaron los UDI-, lo que esperamos es que este proyecto avance lo más rápido posible y no se termine entrampando por una situación política o ideológica. En esta crisis no sobra nadie, de tal manera que si ya existe un decreto que autoriza a ciertos rangos portar armas de fuego, creemos que es del todo pertinente que se extienda a quienes también cuentan con la experiencia”.
Cristián Rodríguez Fuentes
