La funcionaria Ángela Cárdenas fue contratada en el DAEM de la Municipalidad de Chillán Viejo por el alcalde Jorge Del Pozo, quien luego la designó jefa subrogante del departamento y le otorgó un aumento de sueldo. ¿El problema? Cárdenas había mantenido una relación de «amistad íntima» con Del Pozo, según ella misma contó en una investigación de Contraloría. Por lo demás, el cargo de directora subrogante del DAEM no está en la ley y fue creado a medida por el edil, saltando el requisito de llamar a concurso público para liderar la repartición municipal, de acuerdo al órgano de control.
Contrató a una “amiga”, le creó un cargo y aumentó su sueldo. Esas son las revelaciones de un reciente informe de Contraloría, sobre la gestión del alcalde de Chillán Viejo, Jorge Del Pozo. El documento acusa la designación ilegal como jefa subrogante del DAEM y pagos indebidos a una funcionaria con la que el jefe comunal mantuvo una relación de “amistad íntima” previo a ser contratada, según los mismos trabajadores del municipio. Del Pozo es el mismo edil que fue detenido en estado de ebriedad por agredir a su pareja durante la noche de su reelección en octubre pasado.
El informe —al que tuvo acceso BBCL Investiga— detalla el resultado de una indagatoria tras una denuncia que señalaba que Del Pozo “habría mantenido una relación con la señora Ángela Cárdenas Carrasco, jefa administrativa del Departamento de Administración y Educación Municipal (DAEM)”.
Cárdenas fue contratada el 20 de julio de 2021, tres semanas después de que Del Pozo asumiera como máxima autoridad comunal. El alcalde no sólo fue quien aprobó su contrato de trabajo, sino que también la designó como directora subrogante del DAEM —luego de haber echado a la titular—.
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Por ley, para acceder a la jefatura del DAEM, los postulantes deben participar de un concurso público. Sin embargo, según la indagatoria, Del Pozo creó la figura de “directora subrogante”, saltándose los protocolos. En cuatro años, no se ha hecho la designación correspondiente para el titular del cargo.
Cárdenas confirma “amistad íntima”
Alcalde desde 2021 tras haber postulado como independiente fuera de pacto, Jorge Del Pozo ha enfrentado durante su tiempo en el sillón edilicio dos denuncias por abuso sexual, tres por acoso laboral y sexual, y una detención por agredir a su pareja.
Ahora, en el marco de esta nueva indagatoria administrativa, la Contraloría obtuvo declaraciones de diversos funcionarios que coincidieron en que Del Pozo y Cárdenas habían mantenido un estrecho vínculo.
Incluso, la misma Ángela Cárdenas aseguró que “mantuvieron una relación de amistad íntima en forma previa a la suscripción del referido contrato”, señala el informe.
El único que lo negó fue el municipio representado por Del Pozo, que en su defensa aseguró que no se cumplían los presupuestos legales para configurar este tipo de relación.
“Desde la perspectiva del alcalde (…), si bien pudieron coincidir en espacios comunes o conocerse previamente, no existió ni existe actualmente una relación cercana y/o continua que permita sostener que existe una circunstancia que afecte su objetividad o imparcialidad en el ejercicio del cargo”, explica el escrito.
De acuerdo a una fuente de BBCL Investiga, Cárdenas admitió que habían mantenido una relación, aunque antes de ser contratada por el municipio. La versión de Del Pozo es que simplemente él arrendaba una pieza en su casa.
Contraloría determinó que, dado que los testimonios resultan contradictorios, no podía calificarse como “amistad íntima” la relación entre ambos. Sin embargo, los antecedentes eran coincidentes en cuanto a la existencia de una amistad. Por ello, recordó que “contraviene el principio de probidad administrativa participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”.
Una designación ilegal
Pese a esta relación, Del Pozo no sólo designó a Cárdenas como jefa administrativa, sino que también la nombró “ilegalmente” como directora subrogante. Se trata de un cargo en el que sólo puede existir un reemplazo durante seis meses mientras se realiza el concurso público, de acuerdo a Contraloría.
Sin embargo, Del Pozo echó a la anterior directora el 15 de julio de 2021, contrató luego Cárdenas como jefa administrativa del DAEM y en septiembre de 2022 modificó las subrogancias automáticas por decreto alcaldicio, dejando a Cárdenas como jefa subrogante.
En su informe, Contraloría enfatiza que “lo descrito no se ajustó a la jurisprudencia administrativa (…) como asimismo la ley N° 19.070, que aprueba el estatuto de los profesionales de la educación, por cuanto no contempla las figuras jurídicas de la subrogancia ni suplencia como modalidades de reemplazo”.
La Contraloría Regional de Ñuble hizo ver que tanto en 2023 como 2024 se habían enviado oficios acusando la indebida vacancia del cargo de jefe del DAEM, sin que el municipio haya “proporcionado antecedentes que den cuenta de las medidas adoptadas (…) para regularizar la situación descrita”.
Dicho en simple, Del Pozo ha ignorado a la ley y Contraloría durante cuatro años, manteniendo como directora subrogante a su “amiga” hasta ahora.
Al respecto, la Contraloría recordó que sus oficios son obligatorios y vinculantes, por lo que el “incumplimiento de tales pronunciamientos significa la infracción de los deberes funcionarios de los servidores involucrados”.
Sobre el cargo vacante, ordenó “adoptar las medidas que tiendan a dar cumplimiento a la normativa legal en cuanto al nombramiento” mediante un contrato de reemplazo, debido al inminente traslado del sistema al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Valle Diguillín.
Aumento de sueldo
Contraloría además cuestionó que el alcalde aumentara el sueldo de Cárdenas en enero de 2024. Según detalló, mediante un decreto aprobó un anexo de contrato modificando las remuneraciones de la jefa subrogante del DAEM.
¿El problema? Para aumentar el sueldo de un funcionario se debe justificar con una evaluación de las labores que realiza, lo que en este caso no se acreditó. De acuerdo al ente, el beneficio se aprobó en “consideración a la subvención general, factor que (…) no dice relación con el desempeño funcionario”.
El nuevo sueldo fue fijado en $3.129.000, mientras que en diciembre de 2023 aparece con una remuneración bruta de $2.847.729.
En su contestación, el municipio justificó que “ello obedeció a una necesidad funcional y a una valoración institucional legítima, aunque no formalizada como habría sido deseable”.
Omisión de ausencia y horas extras
Por otro lado, el organismo fiscalizador cuestionó que se pagara a Cárdenas por siete días de julio de 2022 en los que no marcó su entrada, salida o ambas. Por estos, no se realizaron los descuentos correspondientes ni se instruyó sumario alguno.
El desorden no es una situación aislada. Contraloría aseveró que, el 1 de diciembre de 2023, al alcalde también se le informó que un grupo de funcionarios del DAEM presentaban atrasos reiterados —incluida Cárdenas—. Pese a ello, omitió instruir medidas reglamentarias.
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Por lo demás, el jefe comunal autorizó el pago de horas compensadas a Cárdenas en diciembre de 2022, con lo que comenzó a recibir pagos extras por jornadas prolongadas y trabajo de fines de semana durante periodos de sobrecarga administrativa, según reconoció el mismo municipio.
En ese aspecto, Contraloría cuestionó los pagos, porque las horas extras tienen que ser formalizadas mediante un anexo de contrato, lo que no se cumplió en este caso.
Contraloría ordena sumario
Por todos estos desembolsos, Contraloría ordenó actuar para obtener los reintegros correspondientes de Cárdenas, tanto por el aumento de sueldo, como por las inasistencias y las horas compensadas.
De todos modos, la institución de control recordó que la funcionaria “podrá ejercer el derecho de solicitar al contralor general la condonación total o parcial de los montos percibidos indebidamente o, en subsidio, el otorgamiento de facilidades para su entero”.
Con todos los hallazgos sobre la mesa, la Contraloría Regional determinó abrir un procedimiento disciplinario “para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de los hechos observados”.
Desde la municipalidad comunicaron que estaban atendiendo “todas las consultas realizadas por la Contraloría” y que habían “solicitado una audiencia con el contralor para aclarar cualquier inquietud”.
En el caso de la denuncia por violencia intrafamiliar, esta terminó el pasado 13 de junio en una suspensión condicional del procedimiento por un año, en que Del Pozo accedió a no acercarse a la víctima ni entablar comunicación con ella por ningún medio social o electrónico.
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