La Contraloría General de la República ha instruido a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) cerrar, en un plazo máximo de 20 días hábiles, el procedimiento sancionatorio iniciado en 2021 contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por los desalojos ilegales ocurridos en 2018 en el contexto del proyecto Embalse Nueva La Punilla, en la Región de Ñuble.
En 2021, la SMA formuló diez cargos contra el MOP —tres de carácter grave y siete de carácter leve— por incumplimientos detectados durante los desalojos forzados de familias arrieras que habitaban en la zona de inundación que se proyecta para el embalse. Sin embargo, desde entonces, no se ha emitido una resolución que determine las responsabilidades ni las sanciones correspondientes, lo que ha generado una prolongada espera e incertidumbre para las familias afectadas.
Ante esta demora, representantes de las comunidades realizaron gestiones ante la Contraloría, la que finalmente concluyó que la SMA ha incumplido sus obligaciones legales al no resolver oportunamente el proceso. El dictamen establece un plazo perentorio para emitir una resolución definitiva respecto de las sanciones aplicables al MOP.
A raíz de esta resolución, la SMA ya habría cerrado la etapa investigativa y se encuentra próxima a dictar un fallo. Las sanciones podrían ir desde multas que superan los 4 mil millones de pesos (hasta 5.000 UTA) hasta la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.
Desde la organización ambiental Ñuble Libre, su presidenta Karina Constanzo señaló: “Como organización estamos expectantes del desenlace de este proceso sancionatorio, que no ha estado exento de irregularidades, tal como ha sido la tónica en todo lo relativo al proyecto Embalse Nueva La Punilla. Si bien valoramos la respuesta oportuna de Contraloría, preocupa la negligencia del Ministerio de Obras Públicas como mandante del proyecto. Desde la millonaria salida de Astaldi, no se han entregado respuestas claras frente a las acusaciones de la SMA, y aún así se insiste en un séptimo intento de licitación, esta vez sin componente eléctrico y con un aumento del 20% en la inversión. Se observa un esfuerzo por hacer más atractiva la inversión, sin atender las graves y sistemáticas vulneraciones al medio humano y ambiental. Como organización, se mantendrá la vigilancia y la exigencia de una sanción ejemplificadora”.
Ricardo Frez, abogado de la ONG Defensa Ambiental, comentó: “Es importante que luego de todo este tiempo se termine la investigación y tengamos un pronunciamiento de la SMA respecto de las responsabilidades y eventuales sanciones que correspondan respecto de los desalojos de las familias arrieras en el año 2018. Ha sido necesario recurrir a Contraloría para presionar el avance de esta causa, por lo que estaremos atentos a lo que se resuelva, apuntando a que lo ocurrido tenga sanciones para que no se vuelvan a repetir.”
Las comunidades del territorio de San Fabián de Alico siguen atentas al desarrollo de este proceso, con la esperanza de que se haga justicia frente a las afectaciones sufridas y se establezcan precedentes claros para la protección del medio ambiente y los derechos de las personas.
Darío Alejandro Cuellar Arellano
