El Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble, representados por la ONG Defensa Ambiental, presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República alertando y denunciando graves irregularidades en el proceso sancionatorio llevado a cabo por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en contra de los titulares del proyecto Embalse Punilla.
Este miércoles 27 de noviembre se ingresó una denuncia ante la Contraloría de la región de Ñuble, en ella se solicita la investigación del actuar de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en relación con el procedimiento sancionatorio iniciado en 2021 a raíz de los desalojos forzosos ocurridos en 2018.
Este procedimiento se encuentra sin resolver tras más de tres años, lo que ha evidenciado graves irregularidades como retrasos excesivos en la resolución del procedimiento, alteración del expediente sancionatorio, ocultamiento de documentos clave durante dos años e incumplimientos de principios fundamentales del derecho administrativo, como la probidad, la transparencia y la eficacia de los actos del Estado.
La demora y las irregularidades refuerzan la percepción de que se han otorgado ventajas indebidas al proyecto, a pesar de sus impactos sociales y ambientales.
Ricardo Frez, abogado de ONG Defensa Ambiental, señaló: «Estamos presentando esta denuncia para exigir que Contraloría fiscalice la labor de la Superintendencia, ya que han ocurrido muchas irregularidades y arbitrariedades, afectando el derecho de los vecinos a una respuesta rápida y oportuna.»
César Uribe, vocero del Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble, comentó: «Esperamos que Contraloría, como órgano con la potestad de fiscalizar, emita un pronunciamiento claro y contundente respecto a esta evidente irregularidad, para que la Superintendencia cumpla con sus objetivos.»
Un proyecto de alto impacto ambiental y social
Este mega proyecto hidroeléctrico, destinado a convertirse en el segundo mega embalse más grande del país después de Ralco, afecta directamente a las comunas de San Fabián y Coihueco. Este proyecto contempla la inundación de 1.700 hectáreas y la relocalización forzada de más de 90 familias, además de la intervención de la Reserva de la Biosfera de Ñuble y del hábitat del huemul, una especie en peligro de extinción y la instalación de un tendido eléctrico de 23 kilómetros de líneas de alta tensión en la zona cordillerana.
Los impactos negativos en el turismo, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades han generado un fuerte rechazo local e internacional.
Expectativas
Las comunidades afectadas esperan que la Contraloría actúe con celeridad, establezca responsabilidades administrativas y garantice un proceso transparente y justo. Asimismo, reiteran su llamado a que se prioricen los derechos de las personas y la protección del medio ambiente frente a proyectos de alto impacto.
Darío Cuellar Arellano
