El proyecto apoyado por los representantes de Ñuble hace referencia al cohecho, fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, obligando a las autoridades a cesar sus funciones.
Los diputados de la Bancada UDI que representan a la Región de Ñuble, Marta Bravo y Cristóbal Martínez, votaron a favor de un proyecto de ley que busca prohibir que las personas condenadas por delitos contra la probidad puedan acceder, postular o desempeñar un cargo público en el país.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas explicaron que la iniciativa -que fue aprobada por unanimidad en la Cámara Baja- surgió a raíz de una serie de casos donde se han visto involucradas distintas autoridades públicas, entre las cuales algunas incluso se encuentran en prisión preventiva.
Por lo mismo, lo que establece el proyecto respaldado por los diputados Bravo y Martínez, es que todas las personas condenadas por malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y cohecho no podrán acceder ni postular a ningún cargo público, debiendo cesar de sus funciones en caso de que se encuentre en ejercicio. La norma se aplicará independiente de que la autoridad haya sido electa.
“En medio de las distintas investigaciones por delitos contra la probidad que han surgido en nuestro país, que involucran a autoridades de todo el espectro político, consideramos como esencial poder establecer una norma que prohibiera a estas personas seguir en sus cargos en caso de que sean condenadas por un tribunal. Todos sabemos que la política no atraviesa por su mejor momento, justamente por situaciones como estas, de manera que era indispensable dar una señal contra la impunidad, sobre todo pensando en todos los procesos electorales que se aproximan”, destacaron.
En cuanto al detalle, los representantes de Ñuble explicaron que la iniciativa -que deberá volver a comisiones antes de seguir al Senado- busca hacerse cargo de un vacío legal que existe en la actual normativa, lo que ha provocado que en algunos casos los condenados puedan seguir en funciones.
En esa línea, salvo que la inhabilidad sea a perpetuidad, se estableció que los afectados podrán solicitar al Senado eliminar dicha prohibición, aunque sólo cuando hayan transcurrido 15 años.
Por lo mismo, junto con solicitar una rápida tramitación de la iniciativa para que así sea despachada lo antes posible, los diputados Bravo y Martínez también llamaron al Ministerio Público a perseguir cualquier conducta reñida con la ley, manifestando que “la corrupción debe ser investigada y sancionada venga de donde venga, y en ello la Fiscalía juega un papel trascendental en nuestro país”.
“Nuestro deber es buscar y respaldar todas las propuestas que apunten a perseguir la corrupción en nuestro país. Lamentablemente, durante los últimos años hemos conocido de una serie de casos que requieren ser investigados y sancionados, caiga quien caiga. Por eso estamos apoyando con fuerza este proyecto, porque resulta absolutamente inentendible que una autoridad condenada por cualquier de estos delitos pueda seguir en su cargo o volver a postular”, criticaron los legisladores.__________
Cristián Rodríguez Fuentes
